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El asilo político es una institución jurídica y humanitaria que ofrece protección a individuos que enfrentan amenazas inminentes a su vida o libertad en su país de origen, generalmente debido a persecución o violencia motivada por razones políticas, religiosas, étnicas o sociales.
Aunque ambos términos a menudo se usan indistintamente, tienen diferencias legales significativas. El asilo se busca y concede dentro del país de destino, mientras que el estatus de refugiado generalmente se determina fuera del país de destino.
Cualquier persona que llegue a los Estados Unidos o ya se encuentre en el país puede solicitar asilo, independientemente de su estatus migratorio, siempre que cumpla con los criterios de “temor bien fundado” de persecución en su país de origen.
El proceso generalmente incluye la presentación de una solicitud formal, una entrevista con un oficial de asilo, y en algunos casos, una audiencia ante un tribunal de inmigración. Este proceso es complicado y se recomienda buscar asesoramiento legal.
Si la solicitud de asilo se deniega, el solicitante puede enfrentar la deportación, aunque generalmente hay opciones de apelación disponibles.
En general, los solicitantes de asilo pueden solicitar un permiso de trabajo si su solicitud ha estado pendiente durante un determinado período, generalmente 150 días o más.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 son los principales instrumentos internacionales que establecen las normas para el asilo político.
El asilo puede llevar a una residencia permanente (tarjeta verde) y eventualmente a la ciudadanía, pero también puede ser revocado si las condiciones en el país de origen del solicitante mejoran significativamente.
Las políticas de asilo pueden ser influenciadas por una variedad de factores, incluidos los cambios en la administración gubernamental, la opinión pública y las relaciones internacionales, lo que puede añadir incertidumbre al proceso.
Los solicitantes de asilo tienen derecho a un proceso justo, a no ser deportados a un país donde enfrenten persecución (“no refoulement”) y, en algunos casos, a trabajar y recibir beneficios sociales mientras su caso está pendiente.
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